El pasado 17 de abril se recibió denuncia en la que se informó que en la población de Parres, Tlalpan, Ciudad de México, grupos de personas se dedican a la tala ilegal del bosque, por lo que se inició la carpeta de investigación en contra de quien resulte responsable, ordenando a la Policía Federal Ministerial (PFM), realizar los actos de investigación tendientes a la acreditación del hecho punible.

El 09 de mayo de este año, se recibió Informe Policial Homologado de la PFM, mediante el cual pusieron a disposición a dos personas, Fredy “L” y José Juan “A”. El 11 del mismo mes, se llevó a cabo la audiencia inicial en la cual se calificó de legal la detención y se formuló imputación.

Estas personas se acogieron a la duplicidad constitucional y el 16 de mayo de este año, se vinculó a proceso a los imputados, por la probable comisión del delito de transporte ilícito de madera, imponiendo las medidas cautelares consistentes en la presentación mensual ante el órgano jurisdiccional, garantía económica por cada uno de los imputados y la prohibición de transportar productos maderables, además de que se fijaron tres meses como plazo de investigación complementaria.

Al continuar con la investigación, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por conducto de la Policía Federal Ministerial, pusieron a disposición a tres personas más, Arturo “N”, Manuel “G” y Anuar “L”.  El pasado 16 de junio de 2023, se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que el Juez de Control calificó de legal la detención, en la que los imputados se acogieron a la duplicidad constitucional, señalándose el 21 de junio la continuación de la audiencia.

Posteriormente, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de los imputados, luego de que el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), aportara los elementos de prueba que el Juez valoró para su decisión.

A estas personas, se les determinaron las medidas cautelares de presentación quincenal ante el órgano jurisdiccional, prohibición de salir de la Ciudad de México, la obligación de investigar cuáles eran las áreas naturales protegidas en dicha Ciudad, y una vez informados de ello, la prohibición de acercarse a las mismas; y la obligación de verificar la licitud en caso de continuar dedicándose a actividades en materia de recursos maderables, asimismo se fijaron tres meses como plazo de investigación complementaria.