09 de noviembre, 2022 Cuauhtémoc, Ciudad de México
En dos procesos diferentes FGR obtiene sentencias condenatorias de hasta 171 años de prisión
La Fiscalía General de la República
(FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia
Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Especializada de Control
Regional (FECOR), obtuvo en procesos diferentes, sentencias condenatorias en
contra de tres personas.
En el primer caso, mediante la
Delegación del Estado de México, se obtuvo sentencia condenatoria de 171 años
de prisión en contra de Juan “P”, por su plena responsabilidad en los delitos
de delincuencia organizada (finalidad de cometer secuestro); privación ilegal
de la libertad con el carácter de secuestro en agravio de nueve víctimas;
acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Quedó interno en el Centro Federal de
Readaptación Social número 1 Altiplano.
Juan “P”, fue detenido en 2007 por
elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en el inmueble del
Fraccionamiento Colonial, Apodaca, Nuevo León, con víctimas de secuestro y
armamento bélico. Se le atribuye formar parte de un grupo criminal.
Cabe destacar que, en 2011 y marzo de
2022, se habían dictado sentencias condenatorias, pero fueron revocadas por el
Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, ordenando la reposición del
procedimiento
En el segundo caso, a través de la
Delegación en Oaxaca, se obtuvo sentencia condenatoria de 12 años de prisión en
contra de María “S” por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad
de cometer delitos de tráfico de indocumentados y tráfico de personas; mientras
que a Lucía “B” una pena de 16 años por los delitos de delincuencia organizada
con la finalidad de cometer delitos de tráfico de indocumentados y tráfico de
personas agravado. Actualmente se encuentran internas en el Centro
Penitenciario Femenil residente en Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca.
Las sentenciadas fueron detenidas en
octubre de 2015, en cumplimiento al mandamiento de captura que existía en su
contra, derivado de una denuncia formulada por la Fiscalía General de El
Salvador, a través de la Agregaduría Legal para Centroamérica y el Caribe de
esta institución, con sede en Guatemala, mediante la cual se denunciaron
actividades delictivas de una organización criminal transnacional dedicada
principalmente al tráfico ilícito de migrantes y narcotráfico, que opera en los
países de El Salvador, Guatemala, México y Estados Unidos de América.